En la esfera del arte es posible analizar variados fenómenos, desde un punto de vista sociológico resulta de gran interés conocer las condiciones de la práctica artística. Para contribuir a esta discusión, que sin duda es profunda, sobrepasa lo aquí expuesto e implica una serie de “agentes envueltos en la producción de la obra” [1] que se sitúan en posiciones relativas de poder en el campo del arte; se propone como punto de entrada al análisis de estas condiciones el escenario sociopolítico y material o la política cultural y de financiamiento estatal de la cultura en Chile. 

Este escenario no carece, en modo alguno, de las afecciones de los procesos sociales de construcción de sentido y relaciones de mercadeo, es manifestación dialéctica de la interacción entre éstos y otros elementos a los cuales contribuye para su actual y futura configuración en una sociedad compleja y especializada en que existen divisiones y también interconexiones. En el arte se reconocen procesos propios en conexión con lógicas comunes impuestas por las dinámicas del discurso hegemónico, sociopolítico y económico y en cierta medida, también, por las alocuciones subversivas. 

Las prácticas de la institucionalidad coligadas a las lógicas económicas heredadas y apropiadas en el contexto de lo que se ha llamado la sociedad de la información –flujos permanentes de información– y su nunca antes vista capacidad de reproductibilidad técnica tiene consecuencias para el campo del arte y, por supuesto, para la construcción de la política cultural. La capacidad de reproductibilidad técnica, “al multiplicar las reproducciones pone su presencia masiva en el lugar de una presencia irrepetible” [2] a disposición de las masas; este escenario y su experiencia cotidiana han permitido el desarrollo de la industria cultural, especialmente el desarrollo de la industria de distribución de bienes de consumo cultural.

Por otra parte, la institucionalidad democrática desde los noventa intenta resignificar y redefinir la relación entre el campo del arte y el Estado. El Estado pasa de enemigo y represor a conformarse en un espacio legítimo para la puesta en escena de las demandas propias y exclusivas de la esfera del arte, así como para la creación y el financiamiento. Por extensión, la crítica al Estado y su sentido político deja de ser referente obligado para los nuevos y nuevas creadoras, intencionando éstos otros elementos para la configuración de su identidad en función de nuevas dimensiones entre las que se encuentran la importancia de la difusión y la participación en destacados circuitos nacionales e internacionales, cuestiones típicas de la mundialización y del despliegue masivo e inmediato que implican las nuevas tecnologías de información y que se encuentran plasmadas en los principios del documento “Definiciones de Política Cultural 2005-2010 Chile Quiere Más Cultura”. 

Política pública y financiamiento   

“Poder simbólico y valoración cultural son los modos a través de los cuales las instituciones, además de coordinar políticas de intervención social, fijan reglas de validez y pertenencia; producen y reproducen trazados hegemónicos, forjan consensos y regulan los pactos de integración al consenso en torno a ciertas definiciones del arte o de la cultura; condiciona la recepción de las prácticas sociales y culturales según determinadas equivalencias simbólicas entre valor, significación y legitimidad” [3] , es la definición que utiliza Nelly Richard para hablar de las instituciones en relación al arte y la cultura, mostrando el poder que se configura cuando estas reglas, su operacionalización y ejecución, se vuelven sistemáticas, continuas y gozan de un marco político, es decir cuando toman la expresión de política pública. 

La institucionalidad que acoge el desafío necesario del desarrollo de una política pública en esta materia es el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes desde el año 2003, reto que tiene raíces en las comisiones para el abordaje de esta temática constituidas desde 1991. Es ésta en el contexto institucional/estatal, una expresión sistemática del intento por fundar una estrategia de desarrollo del arte en una sociedad capitalista y, manifiesta las contradicciones propias de un ejercicio empeñoso y acongojado por reclamar para el Estado el monopolio, en todas sus formas, de una cuestión en la que sus bases ideológicas niegan toda incumbencia. El esfuerzo institucionalizador encuentra su momento de máxima exacerbación en el aumento de la infraestructura cultural con la construcción del Centro Cultural Palacio de la Moneda, [4] terminado y abierto el año 2005, emplazado literalmente bajo la casa de gobierno de Chile, mantiene entre las muestras y el poder, un poco de aire para disminuir el efecto de sus limitantes. 

La política cultural se basa en el desarrollo de cinco líneas estratégicas [5] : creación artística y cultural; la producción artística y cultural y las industrias culturales; la participación en la cultura (difusión, acceso y creación de audiencias); el patrimonio cultural (identidad y diversidad cultural de Chile); y la institucionalidad cultural, las que se encuentran fuertemente impregnadas de los conceptos de audiencias, consumo, producción, difusión o circulación, libertad, circuitos nacionales e internacionales, impacto, derechos de autor, grupos vulnerables, etc.  

El aspecto del consumo y la promoción de la industria cultural se reflejan en algunas de sus acciones, desplazando hacia la marginalidad conceptual y social el derecho a la cultura de las y los ciudadanos. Las obras de creación artística se han conformado en un bien de consumo cuyo centro responde a la ampliación de la demanda y la distinción en relación a los consumidores o públicos. Y, como sostiene Bourdieu, [6] los públicos del arte se encuentran configurados por gustos y modos de uso propios de sus habitus, formas de visión y división del mundo que estructuran la percepción y disponen las prácticas sociales, posibilitando un análisis que reconoce grupos en función de su posición en el espacio social a los que responde los medios de distribución de las obras, la experiencia estética y su “mercado”. 

La política pública en materia cultural ha llenado de júbilo al pueblo durante la Fiesta de la Cultura en una simulación menesterosa de las fiestas romanas, una acción populista cuando se lee la operación de cultura express dirigida a satisfacer una necesidad descontrolada; cuestión que se radicaliza con el Día del Patrimonio al descubrir las divisiones y desigualdades temporales en el uso y goce del patrimonio nacional. El patrimonio no es parte de la cotidianidad sino de la excepcionalidad. De esta forma, suscita la división de públicos del arte en relación a gustos y modos en que hacen uso de él.  

Así también, el ejercicio infructuoso de radicar la institucionalidad cultural en la ciudad de Valparaíso para propiciar la descentralización, se basa en distinciones y usos en relación a la constitución de públicos, nombrando y significando territorios en cuanto a producción y consumo cultural. Ejercicio infructuoso porque Chile ya ha tenido otros ensayos extenuantes y costosos de traslado de poder y porque surge la pregunta ¿restando a Santiago, Concepción y Valparaíso queda alguna otra posibilidad de polo de desarrollo cultural y de las artes? [7]  

En este mismo sentido, es innegable que el circuito público-institucional de tránsito de obras visuales se instala principalmente en el centro urbano de Santiago, que proponemos compuesto por al menos tres modalidades de circulación: galerías, centros culturales y museos. Aún cuando estos espacios dependen de diversas instituciones y no necesariamente del Consejo Nacional de la Cultura, manifiestan la posición oficial. Galería Gabriela Mistral, Galería de BancoEstado (BECH), Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile (MAC), Centro Cultural Matucana 100, Centro Cultural Palacio de la Moneda, son espacios de convocatoria de creadores y sus operaciones de sentido autorizadas, validadas por los distintos públicos/audiencias a los que están dirigidos, las galerías se orientan a audiencias especializadas y los museos a las masas.

La difusión y la creación de audiencias se basa en la existencia de una experiencia de goce frente a la obra de arte, que parece tener menos relación con las obras –con ello no se hace un juicio sobre el valor estético sino la descripción de un hecho social– y más correspondencia con una experiencia social de consumo de bienes culturales y a determinados lenguajes propios de público/clientes/grupo/habitus, lógica de la distinción que la política cultural hace suya.

Por otra parte, lo que se refiere a la línea de impulso a la producción artística resulta sin lugar a dudas un recurso estatal muy apetecido por los creadores; existen múltiples Fondos (de la Música, del Libro, Audiovisual) y es, especialmente, el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes el que ha sido el referente nacional del aporte de la institucionalidad democrática al campo artístico.  

Es por ello que el desarrollo y proceso de gestación de la institucionalidad y la política cultural de los últimos gobiernos han ayudado a generar los elementos y agentes involucrados en la producción de la obra, por ejemplo, los recursos simbólicos y el establecimiento de circuitos. Estos fondos tienen efectos sobre los aspectos simbólicos y los circuitos en la medida que constituyen la más amplia cobertura estatal en esta materia, eligiendo proyectos-sujetos para su promoción, constituyéndose en otro agente del campo de la práctica artística al dosificar el recurso del capital social y económico.  

Sin duda que ha afectado a la creación de los creadores, a los espacios de circulación en donde se insertan y a los públicos en el modo de uso y los gustos. Ahora bien, cuánto de interferencia en la esfera del arte, cuánto de conservadurismo y reacción frente a las posibilidades de innovación, cuánto de renovación meritoria de la escena cultural ha aportado esta política y sus líneas, en especial los fondos, puede ser parte de otro análisis que indague en aspectos como la posible conformación de un grupo de burócratas culturales sin contrato y el aporte real de la industria privada en el financiamiento en un sistema de libre mercado.  

* La autora es Licenciada en Sociología de la Universidad de Chile.